Deudas en dólares: el TSJ veta pagar en bolívares lo pactado en divisas

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió que, cuando las partes pactan que una deuda se pagará única y exclusivamente en moneda extranjera, el deudor no puede extinguirla por su cuenta con bolívares. Lo estableció en la sentencia N° 501 del 22 de octubre de 2026.

El caso era un juicio por honorarios. En una transacción homologada por un tribunal, las partes acordaron el pago de US$ 60.000 solo en dólares. Aun así, las instancias anteriores dieron por cumplida la obligación con una transferencia en bolívares equivalente al saldo de US$ 55.000, pese a que el acreedor se opuso de inmediato.

La Sala casó ese fallo, es decir, lo anuló y decidió el caso sin devolverlo a un tribunal inferior. Declaró que el pago en bolívares no libera al deudor, ordenó revertirlo, con indexación (ajuste del monto por la pérdida de valor de la moneda), y dispuso que el saldo se pague únicamente en divisas.

Qué cambia la moneda pactada

Según la Sala, cuando el acuerdo exige pagar solo en moneda extranjera opera la convención especial del artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela. En ese caso, la divisa deja de ser una simple referencia de valor, lo que se conoce como moneda de cuenta, y pasa a ser la moneda de pago efectivo.

Dicho de forma llana: si el contrato dice que se paga en dólares y solo en dólares, el deudor no puede decidir por su cuenta pagar el equivalente en bolívares.

Con ese criterio, la Sala reiteró el de su sentencia N° 106 del 29 de abril de 2021, que distingue entre la divisa como moneda de cuenta y como moneda de pago.

Los argumentos

Para la Sala, la decisión anterior desconoció dos reglas. Una es el deber de cumplir las obligaciones exactamente como fueron contraídas, previsto en el artículo 1.264 del Código Civil. La otra es la fuerza de cosa juzgada de la transacción homologada, que establece el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.

Según el texto de la decisión, con ello la Sala reforzó la seguridad jurídica de las transacciones homologadas frente a los cambios unilaterales en la moneda de pago.