Prestaciones en disputa: trabajadores de Guayana rechazan la ley de consenso laboral

La Fuerza Unitaria de Trabajadores de Guayana rechazó la propuesta de una ley de consenso laboral y social, planteada en el diálogo tripartito entre el Gobierno nacional, Fedecámaras y las centrales sindicales. Los dirigentes sostienen que la norma podría usarse para desmejorar aún más los beneficios de sus contratos colectivos, y la comparan con el Memorándum 2792.

El grupo anunció nuevas protestas en Ciudad Guayana, entre ellas un paro regional llamado «Guayanazo», y convocó a los sectores de transporte y comercio a sumarse.

«La única ley está en la Constitución y eso es lo que hay que respetar», afirmó Ramón Gómez, dirigente sindical de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Sus demandas centrales son salarios dignos, respeto a las convenciones colectivas y elecciones libres.

Prestaciones sociales en el centro

Diego Castro, dirigente de CVG Alcasa, recordó que las modificaciones al cálculo de las prestaciones sociales durante el gobierno de Rafael Caldera tuvieron consecuencias negativas para los trabajadores. «No pueden eliminar un beneficio que está en la Constitución de la República y la Ley del Trabajo», dijo.

Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera, señaló que los trabajadores acumulan cuatro años sin un aumento del salario mínimo y cuestionó que ahora se discuta una ley que podría afectar las prestaciones.

La postura empresarial

El 8 de octubre, durante la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras en Caracas, su presidente, Felipe Capozzolo, ratificó el compromiso del sector privado con la modernización de la ley de prestaciones sociales. Dijo que busca un esquema que concilie la protección de los trabajadores con la viabilidad financiera de las empresas, y que el tema laboral avanza para mejorar los ingresos.

La mesa de diálogo laboral fue instalada el 13 de abril por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ese día, Alejandro Disilvestro, presidente de la Comisión Laboral de Fedecámaras, pidió revisar el contexto legal completo en el que operan las empresas, incluidos los aspectos tributarios, económicos y laborales, y no solo artículos puntuales de la Ley del Trabajo, vigente desde 2012.