Pacto petrolero en duda: Oikos ve fallas legales en el acuerdo de Nabep

La firma de consultoría Oikos Research advirtió que el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep) tiene tres vulnerabilidades jurídicas que ponen en duda su viabilidad en Washington y en Caracas. El análisis, fechado el 12 de octubre, calcula que el riesgo de que el pacto se revierta ante un cambio político o una revisión judicial es elevado.

Según el informe, el convenio prevé una empresa conjunta en la que la Oficina de Capital Estratégico (OSC), una dependencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, tendría el 35 % de las acciones de Nabep. La compañía tiene sede en Barbados y la dirige el empresario venezolano Alejandro Betancourt. La inversión estimada es de US$ 100.000 millones, aportados por operadoras privadas contratadas. Además, el Departamento de Estado tendría derecho preferente de compra sobre más del 20 % de la producción, a precio de costo.

Lo que dice el análisis sobre Washington

Oikos sostiene que la ley que creó la OSC solo le permite dar préstamos, garantías de crédito y asistencia técnica, y excluye tomar participación accionaria. El informe recuerda que el propio portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que la OSC no toma participaciones de capital en empresas privadas. También señala que el Congreso estadounidense ha rechazado en varias ocasiones ampliar esas facultades.

El choque de plazos en Caracas

La Casa Blanca informó de una concesión de 100 años. Pero la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en enero de 2026, fija un máximo de 25 años para explotar un yacimiento, con una prórroga de hasta 15 años más. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el 29 de agosto que el acuerdo tendrá una vigencia de 25 años y una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, dijo el 7 de septiembre que el contrato está firmado por 25 años, pero que de mutuo acuerdo puede renovarse por períodos similares. Según Oikos, volver al modelo de concesiones requeriría una reforma constitucional previa.

Falta de información pública

Con base en verificaciones de Transparencia Venezuela, el informe indica que no se ha divulgado el texto completo del contrato, quiénes son los beneficiarios finales de Nabep, el régimen fiscal aplicable ni cómo se resolverían las disputas internacionales. El investigador Luis Zambrano afirmó que la falta de licitaciones abiertas, de contraloría independiente y de supervisión legislativa favorece las irregularidades.

El Gobierno venezolano ha informado que el convenio abarca 17 campos con 65.000 millones de barriles y ocho bloques en la Faja Petrolífera del Orinoco, con regalías mínimas de 16 % e impuesto sobre la renta de 34 %. Rodríguez calculó que, a US$ 65 por barril, el país podría recibir US$ 209.335 millones.

Presión política en Estados Unidos

Los senadores Jeanne Shaheen, Jack Reed, Elizabeth Warren y Martin Heinrich exigieron a la administración de Donald Trump los fundamentos jurídicos de la operación, y describieron a Betancourt como un oligarca venezolano enriquecido durante los gobiernos de Chávez y Maduro. Oikos prevé una vía política de alta probabilidad: si el Partido Demócrata recupera la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre de 2026, podría citar a los involucrados y abrir investigaciones formales. La vía judicial la considera de probabilidad moderada a baja, aunque competidores privados como Chevron podrían demandar.