Deuda sin cifra: el impago expone a Venezuela a embargos
El economista estima la deuda entre US$ 150.000 millones y US$ 180.000 millones. El informe preliminar para reestructurarla aún no tiene fecha.

Venezuela todavía no ha publicado el informe preliminar que debe ayudar a fijar el monto de su deuda y sentar las bases para reestructurarla. El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, dijo que el análisis de sostenibilidad se conocerá «muy pronto», pero sin precisar la fecha. El economista Asdrúbal Oliveros, socio director de Summa Consulting, advirtió en el Circuito Éxitos que el prolongado impago también limita la capacidad del país para disponer de sus recursos en el exterior.
Según Oliveros, las obligaciones pendientes exponen al Estado, a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y a otras entidades públicas a que sus acreedores soliciten embargos. Cuando una cuenta a nombre de Venezuela o de Pdvsa entra en el sistema financiero internacional, puede quedar sujeta a medidas judiciales. Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, es uno de los casos vinculados con esos litigios.
Eso ayuda a explicar, dijo, por qué ciertos fondos se manejan mediante una cuenta del Tesoro de Estados Unidos. Y un cambio político no eliminaría esas restricciones mientras la deuda siga sin resolverse.
Cuánto se debe
Muchos economistas manejan un rango de entre US$ 150.000 millones y US$ 180.000 millones; un informe de Axios mencionó US$ 300.000 millones. «Son números que de verdad no conocemos», afirmó Oliveros, quien pide una auditoría independiente que determine cuáles deudas son legítimas.
De una deuda estimada en US$ 170.000 millones, unos US$ 100.000 millones corresponderían a bonos del Estado y de Pdvsa, que es lo que cubre el mandato de la firma Centerview Partners, contratada en mayo para asesorar la reestructuración. El resto incluye compromisos con China (unos US$ 18.000 millones, que se pagan con petróleo) y Rusia, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), empresas privadas y demandas por expropiaciones ante el Ciadi.
Retrasos y plazos
El informe debía conocerse entre julio y agosto. El terremoto de junio alteró el calendario y luego se habló de septiembre. A mediados de octubre aún no hay fecha oficial.
Oliveros considera que fijar el monto es solo el primer paso: Venezuela también debe definir cuánto podrá pagar y cómo lo financiará, junto con la recuperación eléctrica y petrolera. En un escenario optimista, estima que el proceso completo tomaría entre uno y dos años después de presentada la propuesta.
Lo que significa
Mientras no haya cifra ni propuesta, el país seguirá con acceso limitado a sus recursos en el exterior y sin una ruta de pago para los acreedores. Del tamaño y del plazo del acuerdo dependerá cuánto margen quedará para inversión pública.
Con información de Finanzas Digital (se abre en una ventana nueva)


